Ruidera endurece las sanciones en el área de autocaravanas

El Ayuntamiento prohibirá el acceso hasta un año e impondrá sanciones económicas de hasta 200 euros a quienes incumplan las normas de su área, que se inauguró en 2021 con 18 plazas

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El Ayuntamiento de Ruidera ha modificado el reglamento regulador del Área de Autocaravanas con el objetivo de reforzar el régimen sancionador y garantizar el cumplimiento de las normas de uso de las instalaciones.

Según el documento oficial, la propuesta incorpora nuevos supuestos considerados como infracciones muy graves dentro de la ordenanza municipal. Entre ellos destaca el fraude en la identidad ante el Registro de Viajeros con la finalidad de incumplir los periodos máximos de permanencia o evitar el pago de las tarifas establecidas.

La modificación afectará concretamente a los artículos 10 y 11 del reglamento. En el artículo 10 se incluirá como infracción muy grave cualquier falsificación o uso fraudulento de datos personales para vulnerar la normativa del área de autocaravanas. Por su parte, el artículo 11 establecerá nuevas sanciones para quienes incumplan estas normas, con medidas que contemplan la prohibición de acceso a las instalaciones tanto para el vehículo como para el viajero durante un periodo de hasta seis meses en casos de infracciones graves y de hasta un año cuando se trate de infracciones muy graves.

En declaraciones a este medio, la alcaldesa de Ruidera, Josefa Moreno, explica que la modificación surge a raíz de un caso concreto que ha generado problemas en la gestión del área de autocaravanas. «Se nos empadronó una persona en el área de autocaravanas y, aunque yo pensaba que eso no se podía, al parecer sí era posible. Esta persona prácticamente quería vivir allí», señaló al tiempo que reconoció que el Ayuntamiento ha tenido que replantear la normativa ante situaciones de este tipo.

Moreno detalló que el usuario en cuestión habría intentado eludir el control del registro utilizando distintos datos personales para poder acceder a las instalaciones o prolongar su estancia, lo que ha motivado el endurecimiento de las sanciones. «Lo que hemos hecho es modificar la ordenanza para poder sancionar este tipo de conductas, incluso con la prohibición de entrada durante seis meses, y hasta un año si hay reincidencia, porque nos ha creado muchos problemas»,  indicó.

Moreno señaló además que  aunque existen sanciones económicas, el objetivo principal no es recaudatorio, sino garantizar el correcto funcionamiento del servicio. En este sentido, explicó que las multas se sitúan en torno a los 200 euros, con reducciones en caso de pronto pago, aunque insistió en que «lo importante es que se respete el uso del área».

Asimismo, relató que el Ayuntamiento también ha tenido que hacer frente a incidencias relacionadas con el sistema de registro y la máquina de acceso, lo que ha sido utilizado por algunos usuarios como argumento para justificar determinados incumplimientos. «Decían que la máquina no funcionaba bien, pero lo que hemos comprobado es que se intentaba acceder con otros nombres o de forma fraudulenta», apuntó.

Moreno recordó que el área de autocaravanas cuenta con 18 plazas y que en determinados momentos, especialmente en puentes y fechas señaladas, ha llegado a concentrar una gran afluencia de vehículos, generando problemas de saturación. «En el puente de mayo o en Semana Santa ha sido una locura, había incluso 20 o 30 autocaravanas esperando», explicó.

La regidora también abordó el debate sobre la gestión del mantenimiento del área, señalando que inicialmente la Diputación asumió parte de los costes, incluida la limpieza y el mantenimiento técnico, aunque posteriormente dejó de hacerlo, lo que obligó al Ayuntamiento a asumir el gasto. Según indicó, el coste de mantenimiento se sitúa en torno a los 3.000 euros anuales, aunque el servicio genera ingresos superiores, que pueden rondar entre los 6.000 y 7.000 euros dependiendo de la ocupación.

Con esta modificación, el Ayuntamiento busca reforzar el control sobre el uso del área de autocaravanas y evitar prácticas irregulares que afecten al funcionamiento del servicio y a la convivencia entre usuarios.